La reciente ratificación de la Ley Europea de Inteligencia Artificial marca un hito fundamental, no como un final, sino como el inicio de un proceso complejo y transformador a nivel legislativo y competencial en los Estados miembros de la UE. Esta ley, resultado de un proceso iniciado en abril de 2021 con la propuesta de la Comisión Europea, establece un marco jurídico con aplicación directa en todos los Estados miembros, obligándolos a alinear sus legislaciones nacionales con las disposiciones de este nuevo reglamento.
La normativa de IA afectará de manera significativa a diversos sectores económicos y a las legislaciones nacionales que los regulan, desde la privacidad y el outsourcing hasta la propiedad intelectual y los servicios digitales. Más allá de las implicaciones económicas, el reglamento tendrá un impacto profundo en aspectos fundamentales de los sistemas normativos nacionales, incluyendo los derechos fundamentales, la responsabilidad civil, los derechos laborales y la regulación de nuevos delitos digitales como la “falsificación profunda”.
El compromiso del gobierno italiano de establecer una regulación nacional de IA que abarque áreas como la propiedad intelectual y los derechos laborales subraya la importancia y el amplio alcance de este reglamento. Este paso hacia una regulación nacional es indicativo de la tendencia a adaptar las legislaciones internas a los estándares establecidos a nivel europeo, buscando armonizar el desarrollo de la IA en el continente.
Sin embargo, la uniformidad en la aplicación de la ley a nivel europeo enfrenta desafíos significativos. La posibilidad de que los Estados miembros adopten enfoques divergentes en la adaptación de sus normativas podría obstaculizar el objetivo de lograr una legislación armonizada. Además, la efectiva implementación del reglamento depende crucialmente de la asignación y distribución de competencias entre las distintas autoridades nacionales involucradas.
El reglamento estipula que cada Estado miembro debe designar al menos una autoridad de supervisión de mercado con relación a la IA. España se destaca por ser el único Estado miembro con una agencia estatal específica para la supervisión de la IA, la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia). La designación de autoridades competentes en otros Estados y el alcance de sus competencias serán cruciales para garantizar un desarrollo coherente y uniforme de la regulación de la IA a nivel europeo.
La aprobación del Reglamento Europeo de IA es, por tanto, más que una simple actualización legislativa; es el inicio de un proceso de transformación profunda que requerirá una colaboración estrecha entre los Estados miembros, una adaptación normativa cuidadosa y una supervisión efectiva para asegurar un desarrollo armónico de la inteligencia artificial en Europa.
Información extraída del artículo original publicado en Expansión.
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